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El Acuerdo 717 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de marzo del 2014, contiene los Lineamientos jurídicos para formular los Programas de Gestión Escolar, sin embargo Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública, omitió incluir el artículo 73 Constitucional (reformado el 26 de febrero de 2013) como parte de la fundamentación que expresa la Autonomía de Gestión Escolar:
Quinto Transitorio. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:
III. Las adecuaciones al marco jurídico para:
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
El Acuerdo 717 por el que se emiten lineamientos y normas que deben seguir las Autoridades Educativas Locales y Municipales (AELyM) para formular los Programas o acciones de Gestión Escolar destinados a fortalecer la “autonomía” de gestión de las escuelas de educación básica, evidencia que tal autonomía no existe por las siguientes razones:
Porque quien generará los programas y acciones de iniciativas, proyectos y estrategias de gestión escolar serán las AELyM, teniendo influencia en las condiciones académicas, en la organización escolar y administrativa.
Los programas y acciones generados, formulados, implementados y ejecutados por la autoridad educativa federal, las locales y municipales representan la columna vertebral de la gestión escolar, en cambio las escuelas de educación básica sólo podrán operar estas decisiones que pueden dificultar la Planeación Anual y la Ruta de Mejora Escolar. Con ello no se privilegia la participación de maestros, estudiantes y padres de familia en la toma de decisiones.
Todos los programas o acciones propuestos por las autoridades educativas deben ser presentados para su análisis y validación por parte del Comité Técnico Local para la educación básica y deben comenzar en las escuelas al inicio del ciclo escolar y considerarse en la Ruta de Mejora de la Escuela.
El riesgo de los programas y acciones propuestos a las escuelas (reconocido por el quinto lineamiento) puede ser el sitio de descarga de iniciativas públicas, sociales y privadas que la distraigan y desvíen de los objetivos y metas educativas. Además de propiciar una intromisión de agentes con fines ajenos a la educación.
Las autoridades educativas a través de los programas y acciones ubicarán a la escuela como el centro del sistema educativo lo que implica que se establecerán condiciones para cumplir con la Normalidad Mínima de Operación Escolar con el fin de un mayor control y vigilancia y optimizar los recursos: económicos, materiales, humanos y de los tiempos.
Al optimizar los recursos humanos significa que los maestros no podrán faltar (por problemas de salud, familiares, laborales, o de otra índole); se tendrá un mayor control de plazas como parte de la estructura ocupacional de cada escuela; en tanto, la puntualidad será más estricta. La optimización, eficiencia y eficacia del tiempo frente a grupo genera una autoexigencia por parte de los maestros lo que provoca malestar y dificultades de una atención más humana durante la jornada de trabajo.
De manera contradictoria se menciona que se debe fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral y por otra parte se prioriza la mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas como herramientas básicas para que los niños aprendan a aprender.
Como parte de las prioridades y condiciones es la de garantizar la disminución del abandono escolar, el impulso de la eficiencia terminal, la inclusión y equidad en el sistema educativo, especialmente de los niños indígenas, así como la ampliación de los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Sin embargo, estos problemas van más allá de lo educativo, son una consecuencia de la marginación y pobreza extrema cada vez más profunda, producto de la desigualdad social y de la explotación capitalista. Mientras no se transforme este sistema de explotación y miseria, no habrá condiciones justas y dignas para que estudien los niños y jóvenes mexicanos. Por lo que no basta sólo el compromiso de los profesores y de la comunidad educativa, para evitar las situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión como lo afirma el Acuerdo 717.
El gobierno pretende que aumente la eficiencia terminal de manera automática, ante los altos índices de reprobación, girando ordenes administrativas de no a la reprobación, medida que propicia una mayor deficiencia y crisis educativa. En lo referente a la inclusión, no se explicita en el Acuerdo 717, aunque se refiere a la escuela inclusiva donde los alumnos con capacidades diferentes estén en escuelas regulares, atendidos por maestros sin ninguna preparación, ni capacitación, con esta medida se tiende a desaparecer Educación Especial. Además existen niños pobres que van a escuelas pobres sin contar con lo mínimo necesario como luz eléctrica, techos y paredes del salón de clases, o tener baños. Como quedó demostrado con los datos del INEGI del Censo de Escuelas, maestros y Alumnos, recién dado a conocer sobre las características del Sistema Educativo Nacional: 2, 241 escuelas públicas hechas de materiales ligeros y precarios; 14, 444 sin pizarrón en todas las aulas; 36, 264 escuelas sin agua de la red pública o de un pozo; 20, 152 escuelas sin sanitarios; 81, 718 sin drenaje; 18, 564 sin energía eléctrica; 45, 837 sin áreas deportivas o recreativas; 125, 552 sin teléfono; 123, 511 sin conexión Internet. ¿Por qué después de tantas décadas y reformas educativas, las escuelas siguen con estas carencias?
Vinculado a lo anterior, es una lástima que se pretenda asegurar que cada escuela disponga de equipamiento y éste no tenga fines pedagógicos sino para “poder registrar, administrar e informar todos los movimientos e incidencias que se presenten con el personal, alumnos y del plantel, durante el desarrollo del ciclo escolar, en el Sistema de Información y Gestión Educativa”. (Lineamiento sexto, inciso g del Acuerdo 717) Lo que demuestra que el SIGE es un instrumento de control que tendrá en un expediente el registro pormenorizado de los movimientos e incidencias del personal docente y de los alumnos.
Como parte de la estructura de operación de “los servicios educativos” está la de garantizar por parte de los directores observaciones en los salones de clase. En tanto la función de los supervisores escolares es la de vigilar y asegurar la calidad del “servicio educativo que se presta en los planteles” y mantener permanentemente informadas a las autoridades educativas de los logros de aprendizaje.
Parte de la normatividad es la de garantizar que las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares establecidas en el calendario escolar cumplan con los propósitos generales establecidos: Revisar de forma permanente el logro de aprendizajes e identificar los retos; Planear, dar seguimiento y evaluar las acciones de la escuela; Optimizar el empleo del tiempo y de los materiales educativos; Fomentar el desarrollo profesional de los maestros y directivos de la escuela; y Fortalecer la autonomía de gestión de la escuela a partir de las prioridades educativas y del involucramiento de las familias en el desarrollo educativo de sus hijos. (Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares).
A pesar de que se menciona la participación de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) en el logro de un “servicio educativo de calidad”, no se han establecido normas y dispositivos para que se lleve a cabo. La supuesta autonomía de gestión escolar quedaría sumamente acotada ante la fiscalización de padres de familia, los CEPS y de la sociedad en general en especial sobre el logro de los aprendizajes y de la normalidad mínima.
Algunas de las funciones del Consejo Nacional de Participación Social en la educación son las de opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio; proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y cobertura de la educación; ser el conducto para canalizar opiniones y sugerencias sobre estos temas, y sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar. (Comunicado 054 de la Dirección General de Comunicación Social de la SEP)
Las escuelas que acrediten mejores resultados educativos (pese a que no se han establecido los parámetros e indicadores relativos a la autonomía y gestión escolar) obtendrán incentivos, lo que conlleva a promover el sistema de “voucher”, rompiendo el principio de equidad, al profundizar la clasificación de buenas y malas escuelas, así como la segregación de escuelas, maestros y alumnos.
Aunque el INEE deberá establecer las normas y lineamientos de los procesos de evaluación del aprendizaje, será a través de los programas y acciones emitidos por las autoridades educativas para que la comunidad educativa tenga acceso a los resultados de las evaluaciones externas, den asistencia técnica al Consejo Técnico Escolar (CTE) para sistematizar los resultados de las evaluaciones y apoyen a la escuela con mecanismos y estrategias para atender procesos de evaluación internos atendiendo a los problemas del aprendizaje de los alumnos a través de CTE; de la evaluación con equidad; y de la gestión escolar en donde la comunidad escolar establecerá estrategias de seguimiento y evaluación atendiendo a los parámetros e indicadores de gestión escolar que aún no están definidos.
Sobre la evaluación y el uso de sus resultados, los programas y acciones para fortalecer la gestión escolar deberán: Contribuir al desarrollo de las capacidades de directivos y docentes para utilizar los resultados de las evaluaciones internas y externas, (aunque aún no se explica en que consiste cada una de estas evaluaciones) y constituyan éstas el insumo para desarrollar la Planeación Anual y la Ruta de Mejora de la Escuela; aunque se pretende asegurar que las evaluaciones sean confiables, no se investigó, sancionó y erradicó la corrupción de la venta de exámenes de Enlace o de Carrera Magisterial; y aunque se menciona de que se generarán procesos de intervención a partir de los resultados, no se dice cómo funcionará.
Para llevar a cabo el desarrollo de la Planeación Anual de la Escuela, ésta debe constituirse en un proceso profesional, participativo, corresponsable y colaborativo, que lleve a los CTE a tener un diagnóstico de su realidad educativa, sustentado en evidencias objetivas que le permita identificar necesidades, prioridades, trazar objetivos, metas verificables y estrategias para la mejora educativa.
La Ruta de Mejora es el documento en el que se pretende concretar la planeación escolar, es un documento donde periódicamente se revisarán avances, donde se evaluará el cumplimiento de acuerdos y metas, se realizarán ajustes y se retroalimentará la toma de decisiones.
En la Ruta de Mejora debe estar incluida la autoevaluación/diagnóstico sin embargo, no están establecidos los parámetros e indicadores de gestión escolar para poder analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas que le permita la toma de decisiones. Aunque se menciona que se deben establecer las prioridades educativas de antemano ya está definidas las metas: del logro del aprendizaje de los estudiantes, reducción del rezago y la deserción. Sobre la programación de actividades y establecimiento de compromisos se reconoce que se puede generar o recibir recursos financieros de alguna instancia, lo que motivará a las escuelas a buscar recursos que permitan alcanzar los objetivos y metas. En lo referente a las estrategias de seguimiento y evaluación, se tendrá una evaluación permanente y continua (que podría ser exhaustiva) de los avances y logros alcanzados en el aula y en la escuela a partir de lo programado en la Planeación Anual.
Aunque se reconoce como parte de los Considerandos “que las autoridades educativas Federal y locales están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar,” también podrán desarrollar “mecanismos para garantizar que la escuela administre los recursos que reciba y gestione para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos considerados en la Ruta de Mejora”. (Lineamiento decimoquinto)
Los directivos y maestros tendrán un mínimo margen de maniobra sobre los recursos otorgados a la gestión escolar a partir de sus propias necesidades, porque intervendrá el Consejo Escolar de Participación Social en la definición del uso de los recursos y dará su visto bueno respecto del informe presentado. Cabe mencionar que se le da mayor poder de decisión a los CEPS que a la Asociación de Padres de Familia en la toma de decisiones en los logros de aprendizaje, en los resultados de las evaluaciones, en el desempeño de los maestros y directivos, así como en la definición de los aspectos en que serán invertidos los recursos que la escuela disponga. En tanto, las autoridades educativas establecerán los mecanismos de control y supervisión del ejercicio de los recursos. Además el personal docente y directivo con el apoyo de los CEPS deberá trasparentar y rendir cuentas a su comunidad y autoridades educativas sobre los procesos y recursos, así como de los aspectos educativos y administrativos. ¿Representará está rendición de cuentas mayor autonomía y gestión escolar?
Las autoridades educativas locales y municipales facilitarán la comunicación e información a la comunidad sobre las actividades, los recursos, los resultados de la gestión escolar y del avance educativo y sobre todo tratándose de recursos públicos, la información estará a disposición de la comunidad escolar.
También establecerán “los mecanismos eficientes y accesibles a la comunidad escolar para presentar quejas, denuncias y sugerencias respecto al servicio público educativo”. (Lineamiento decimosexto, inciso d) con ello, los maestros y directivos serán más vulnerables.
De manera operativa y tutelar se habla del trabajo colaborativo y corresponsable respecto a la participación de docentes, alumnos y padres de familia. Aunque al final se menciona de manera somera como parte de los programas y acciones de la gestión escolar el generar compromisos y mecanismos de apoyo para que los Padres de Familia participen de manera corresponsable en la mejora de los aprendizajes de los educandos, en garantizar la asistencia de sus hijos a la escuela, en disminuir o erradicar los índices de reprobación y deserción escolar, como parte de los retos identificados en la Ruta de Mejora de la Escuela, aunque no menciona de qué manera ni con qué apoyos podrían los Padres de Familia enfrentar y comprometerse para resolver estos problemas educativos.
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ESCOLARES AUTOGESTIVAS
En el nivel escuela – aula, requerimos procesos educativos integrales, aprendizajes que privilegien los aspectos formativos y generen conocimientos para ayudar a mejorar las condiciones de vida. En el nivel escuela – comunidad se requiere impulsar prácticas y contenidos escolares que respondan a necesidades individuales y comunitarias, que valoren las formas de pensar y actuar. En el nivel escuela – proyecto se deben producir cambios globales, contribuir al desarrollo social y a la formación de una conciencia crítica y reflexiva.
Por lo que consideramos que NUESTRAS ESCUELAS DEBEN:
1. Reestablecer los vínculos rotos o parcialmente interrumpidos con sus alumnos y exalumnos, con los padres de familia, con la gente de las colonias que la rodean, con las comunidades que se entrecruzan en sus ámbitos de acción y con la sociedad en su conjunto.
2. Establecer un auténtico trabajo docente y social, educativo en su totalidad, propiciador de actividades organizativas y formativas democráticas, como parte de la vida cotidiana de las aulas y las escuelas.
3. Desaparecer los procesos de administración burocrática-vertical vigentes, por procesos de gestión colectiva y democrática, de cogestión y autogestión en las escuelas y también en las aulas.
6. Ganar la autonomía a través del ejercicio cotidiano de las acciones que fortalezcan la capacidad de decidir sobre las pequeñas, pero fundamentales actividades escolares: los contenidos, los métodos, las evaluaciones, los tiempos, los materiales pedagógicos, las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar y la construcción del proyecto educativo.
7. Fortalecer los colectivos de docentes que analicen, diseñen, definan y apliquen estrategias educativas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje; transformar los Consejos Técnicos Consultivos en Resolutivos, que se asuman como instancias de conducción democrática de la educación en cada escuela.
8. Romper el aislamiento escolar, entre docentes, escuelas, niveles educativos y sociedad; fortaleciendo los espacios de intercambio, de socialización de prácticas innovadoras, las publicaciones hechas por maestros y la autogestión de espacios de formación y profesionalización docente.
9. Situar con precisión los espacios y mecanismos donde los padres y la comunidad participen. Perder el miedo del cuestionamiento al trabajo docente, por parte de los padres y propiciar su participación – contextualizada, informada y objetiva – en la definición de las acciones escolares dirigidas a fortalecer una escuela emancipadora.
10. Trastocar la simulación, que de la participación social, ha impuesto la Secretaria de Educación Pública, con los Consejos de Participación Social, por una participación social real; retomando la construcción de los Consejos Escolares, en escuelas, zonas, Delegaciones y entidades, con una participación firme de los actores educativos.
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